Artículo de opinión por Juan Pablo Yakubiuk, arquitecto y concejal IU Roquetas

Cada vez que se ensalzan las bondades del transporte público salen a colación sus virtudes medioambientales, dado que evita el uso del vehículo privado a motor causante del más del 70% de las emisiones de CO2 en los entornos urbanos.

Esta justificación, sobre la que se apoyan la gran mayoría de los programas de acción y política de fomento de la movilidad sostenible, es entendible desde la acelerada pérdida de calidad ambiental de nuestras ciudades. Pero no es la única que debe tenerse en cuenta a la hora de promocionar la inversión en medios colectivos de transporte público.

En efecto es la economía, tanto la familiar como la de las empresas, donde se debe ahondar aun más a la hora de plantear a la sociedad la necesidad de dar un giro integral a nuestros modos no solo de movilidad sino también de la forma de hacer ciudad. Es en el ahorro que se generaría al prescindir del uso del vehículo privado a motor, en uso exclusivo, donde debemos dirigir las miradas de los ciudadanos de modo que descubran una faceta no menos interesante en esta época de crisis económica.

En el ámbito familiar de la provincia de Almería no es extraño encontrarse hogares que no solo dependen para sus desplazamientos de un vehículo, sino que llegan a necesitar dos coches: tanto para desplazarse a los puestos de trabajo, como para realizar los traslados diarios por separado, como puede ser el de la compra o los trayectos a los centros educativos de los hijos.

Esta opción de movilidad no es casual como detalla una extensísima bibliografía sobre el papel de la industria automovilística como base de la economía capitalista a partir de mediados del siglo XX. Un modelo productivo, el del consumo y el individualismo como ejes principales, que tuvo su correlato en el desarrollo de un modelo de ciudad extensa y de baja densidad, que buscaba recuperar la idea de la Ciudad jardín, pero a un coste medioambiental y económico elevado tanto para el territorio como para las arcas municipales.

En estos momentos donde el dinero se está dejando de ingresar en miles de hogares almerienses quizás sea el momento de pensar en ese gasto invisible pero que hace una mella profunda en las cuentas familiares, como es la compra y mantenimiento del, o de los, coches particulares. Para ello es necesario que existan alternativas eficientes de transporte para poder prescindir de estos gastos sin que la movilidad no se vea drásticamente reducida. Es urgente analizar particularmente el ahorro que tendría dejar el coche: financiación, amortización, combustible, reparaciones y seguros y lo que supondría en este contexto de crisis. Más dinero para cuestiones esenciales como son la vivienda, la alimentación y la educación en el núcleo familiar.

Esta simple lógica económica debe generar un movimiento ciudadano de exigencia, a los responsables políticos, de mejora de los servicios de transporte público. No ya pensando en multimillonarias inversiones en infraestructuras de dudoso retorno social, sino en actuaciones de movilidad aplicadas con inteligencia. Una política, en definitiva, que busque un ahorro energético, en combustibles, que se traduzca en menores costes tanto para las arcas públicas como para las particulares, fomentando un sistema de integración real e intermodalidad entre los medios de transportes.

En este sentido la ampliación de la flota de autobuses y líneas, remplazando unidades por otras de menores emisiones, la modificación de grandes viales para disponer carriles de uso exclusivo para garantizar la puntualidad de estos servicios, la bonificación fiscal del coche compartido, la peatonalización de calles e itinerarios seguros para niños, son algunas de las medidas que se deben impulsar para la sustitución del desplazamiento en coche por uno acorde, no ya solo con el equilibro medioambiental, sino con el equilibrio económico a escala familiar.

En definitiva esta crisis es una oportunidad para revolucionar de una vez nuestro concepto de movilidad y con él, el de la ciudad. Una ciudad donde el derecho de libre circulación sea real, garantizado por políticas sociales de inversión y mejora de los transportes públicos colectivos, frente al modelo excluyente, individualista y depredador que nos ha traído hasta esta situación.


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