El Grupo Municipal presenta un Recurso de Reposición en aras de garantizar la transparencia del proceso, ya que se han detectado posibles irregularidades que impedirían la igualdad de condiciones a los ofertantes

Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha solicitado la anulación del procedimiento de contratación del alquiler y equipamiento de ocho nuevas patrullas de la policía local en Roquetas de Mar.

El portavoz del grupo municipal, Ricardo Fernández, explica que “hemos presentado un recurso de reposición ante algunas irregularidades que aparecen en los pliegos de condiciones administrativas y técnicas del procedimiento abierto. Hay alguna cuestión, como el hecho de poner marcas comerciales en el apartado del equipamiento, que hace nulo el proceso, ya que podría ser un indicio de que se podría estar beneficiando a algún proveedor en particular”.

IU Roquetas exige al equipo de Gobierno del PP que vele por la legalidad de las licitaciones, ya que este tipo de hechos solo pueden traer perjuicios a las arcas municipales y en el caso que nos ocupa una posible merma en la calidad de los equipos ofertados así como un retraso en la puesta en servicio de los nuevos vehículos policiales, solo achacables a la mala gestión del equipo de Amat.

El artículo 117 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público determina:

“Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 y 4 de este artículo y deberá ir acompañada de la mención o equivalente.”

Pero en el Pliego de Prescripciones Técnicas, página 8, para el arrendamiento sin opción a compra de ocho vehículos patrulla para la Policía Local de Roquetas de Mar, aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en sesión del día 3 de septiembre de 2012 se determinan las condiciones de los elementos audiovisuales y de emergencia, siendo estos definidos principalmente por denominaciones comerciales, sin que vaya siquiera acompañado de la mención “o equivalente”.

“Esta redacción de los pliegos puede suponer la nulidad de los mismos y con ello de todo el procedimiento, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y para los posibles licitadores que pueden ver disminuido su derecho de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, así como de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”, explica Izquierda Unida.

En aras de velar por el buen uso del dinero de todos los ciudadanos, así como evitar que el Ayuntamiento tenga que pagar posibles indemnizaciones por reclamaciones de licitaciones y garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones a las empresas que se presenten, Izquierda Unida solicita al ayuntamiento que estime su recurso de reposición y dicte resolución por la que se deje sin efecto los pliegos aprobados para el procedimiento abierto para el arrendamiento sin opción a compra de ocho vehículos patrulla para la Policía Local de Roquetas de Mar y la convocatoria vigente de licitación.

“Dado que la prosecución del proceso de contratación en tanto se resuelve el presente recurso podría ocasionar numerosos perjuicios a los posibles licitadores, y con ello posible demandas al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la estimación de este Recurso supondría la anulación de la presente licitación, solicitamos la suspensión de la licitación en el estado que se encuentre, todo ello al amparo de los previsto en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por remisión del artículo 34.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, argumenta Ricardo Fernández.


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